Fuente: autonomosyemprendedor.es
Los autónomos del taxi podrían jubilarse antes de los 63 años sin penalización si prospera la propuesta de ATA y Antaxi El sector deberá demostrar la penosidad de su actividad ante la Seguridad Social para lograrlo.
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) firmaron recientemente un acuerdo para solicitar a la Seguridad Social que permita al sector acceder a una jubilación anticipada especial con coeficientes reductores. Es decir, retirarse antes de la edad ordinaria -incluso por debajo de los 63 años- y sin penalizaciones sobre la cuantía de la pensión, en base a la penosidad, peligrosidad y siniestralidad de la actividad.
Este acuerdo es el primer paso de un procedimiento complejo, regulado por el Real Decreto 402/2025, que exige la participación conjunta de asociaciones, patronales y sindicatos. Según explicó Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, están “a la espera de la firma de los sindicatos, que se producirá en breve”. Momento a partir del cual se podrá presentar formalmente la solicitud ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
A partir de ahí, se abrirá un proceso técnico en el que la Administración deberá analizar si el colectivo cumple los requisitos exigidos, especialmente en términos de morbilidad, mortalidad y condiciones de trabajo, con un plazo de hasta seis meses para emitir resolución. Pese a ello, el sector se muestra optimista. El presidente de Antaxi, Julio Sanz, aseguró que el colectivo “tiene muchas expectativas” y que “es un buen momento para resolver esa cuestión”.
El argumento principal de los empresarios del taxi es que la profesión presenta niveles elevados de desgaste físico, riesgos y exposición prolongada a condiciones adversas. Sanz subrayó que esta situación está “más que justificada”, especialmente en el caso de los autónomos, donde “es más difícil o raro que se produzcan bajas laborales”, ya que dejar de trabajar implica dejar de cotizar.
Sin embargo, la propia configuración del real decreto podría convertirse en el principal obstáculo. Como advirtió Ferrero, aunque “los taxistas tienen absoluto derecho a los coeficientes reductores” por su siniestralidad y penosidad, demostrarlo con los indicadores exigidos por la norma, esto es, basados en bajas, incapacidades y mortalidad, puede resultar especialmente complicado en el caso de los trabajadores por cuenta propia.
El sector del taxi considera que cumple con los requisitos establecidos en el Real Decreto 402/2025 para acceder a la jubilación anticipada mediante coeficientes reductores. En Antaxi defendieron que la actividad reúne claramente las condiciones de penosidad, peligrosidad e insalubridad que exige la norma, al tratarse de una profesión marcada por largas jornadas, riesgos constantes y una elevada exposición a situaciones de inseguridad.
En este sentido, el presidente de la asociación, Julio Sanz, aseguró que “el colectivo de conductores del taxi encaja perfectamente en los requisitos de penosidad, insalubridad y peligrosidad descritos por el real decreto 402/2025” y que la solicitud que están preparando “tiene fundamento” y cumple “claramente todos los requisitos” necesarios para su aprobación.
Aun así, el propio Sanz reconoció que el resultado final no dependerá únicamente de criterios técnicos, sino también de decisiones institucionales. “Otra cosa es la voluntad política que desde el Gobierno y desde los agentes implicados y la Comisión de Evaluación quieran llevar a cabo”, advirtió, en referencia al proceso que deberá seguir la solicitud una vez sea presentada formalmente.
En el colectivo insisten en que las condiciones de trabajo justifican plenamente este reconocimiento. Según explicó Sanz, los profesionales del taxi están “expuestos a largas jornadas de trabajo, una elevada siniestralidad e inseguridad”. Factores que, a su juicio, deberían situarles entre los colectivos con derecho a anticipar su jubilación sin penalización.
Además, alertan de que una eventual exclusión del sector podría generar un trato desigual frente a otras actividades con condiciones similares. “Sin desmerecer a otros colectivos, creo que se haría una discriminación importante si al taxi no se le considera dentro de esos colectivos merecedores de abandonar la profesión antes de la edad de jubilación ordinaria, sin ser penalizados, lógicamente, habiendo contribuido a ello”, concluyó el presidente de Antaxi.
En Antaxi apelaron también al papel que ha desempeñado históricamente el sector en situaciones de emergencia y servicio público. Por lo que reclaman un reconocimiento acorde a ese compromiso. “Somos un colectivo con el que la Administración está en deuda. Hemos estado ahí cuando se nos ha necesitado, sin haber sido llamados”, señaló Julio Sanz.
El presidente de la asociación recordó episodios como la pandemia, en los que los taxistas trasladaron gratuitamente a usuarios de servicios sanitarios. Así como su intervención en situaciones excepcionales como la borrasca Filomena, los cortes de suministro eléctrico o los atentados del 11M, en los que el sector actuó como apoyo esencial para la movilidad.
Además del reconocimiento de los coeficientes reductores, las organizaciones implicadas ya plantean una edad concreta para el acceso a esta jubilación anticipada especial. Según explicó Celia Ferrero, la propuesta pasa por situarla en torno a los 60 o 61 años, en línea con la edad efectiva de jubilación anticipada no voluntaria en el caso de los asalariados. “Nosotros tenemos la voluntaria a partir de los 63, aplicando las penalizaciones pertinentes. Entonces, la edad que proponemos es entre los 60 y los 61 años”, señaló.
Desde el sector del taxi consideran que prolongar la actividad hasta edades más avanzadas no es compatible con las exigencias del trabajo. En este sentido, Julio Sanz afirmó: "no veo a un taxista trabajando con 67 años”, advirtiendo de que no sólo está en juego la salud del profesional, sino también “la seguridad de nuestros clientes y de la seguridad vial”.
Asimismo, defendió que esta medida podría tener efectos positivos más allá del ámbito individual, al favorecer la entrada de nuevos profesionales. “Esto supondría un aliciente para la profesión y facilitaría que se produjese un lógico y razonable relevo generacional, contribuyendo a la sostenibilidad en el sector”, añadió.
A pesar del optimismo del sector, en ATA advirtieron de que el diseño del propio Real Decreto 402/2025 podría dificultar que los autónomos del taxi accedan finalmente a esta jubilación anticipada especial. La principal barrera no estaría tanto en las condiciones reales del trabajo, sino en la forma en la que la norma exige acreditarlas.
“Las probabilidades de que esto salga adelante son pocas”, señaló Celia Ferrero, quien consideró que el procedimiento “no se hizo precisamente para facilitar los coeficientes reductores”, sino que establece unos criterios muy exigentes que resultan especialmente complejos de cumplir en el caso de los trabajadores por cuenta propia.
En concreto, el real decreto exige demostrar que la actividad presenta elevados índices de morbilidad o mortalidad, ya sea por el desgaste asociado a la edad o por las secuelas derivadas del trabajo. Para ello, la norma establece que deben analizarse indicadores objetivos como la incidencia, duración y persistencia de las incapacidades temporales, así como las incapacidades permanentes y los fallecimientos asociados a la actividad.
Este punto es, precisamente, el que genera más dudas en el caso del colectivo. Tal y como explicó Ferrero, “en el caso de los autónomos, las bajas que se producen se han mantenido estables en el tiempo”, no porque exista menor desgaste, sino porque “un autónomo, en el momento en que se pone enfermo, deja de facturar, con lo cual tiene que estar muy enfermo para darse baja”.
Como consecuencia, los indicadores que utiliza la Administración para medir la penosidad, basados en bajas médicas y procesos de incapacidad, podrían infrarepresentar la realidad del trabajo autónomo. “Nuestros informes sobre penosidad no son tan elevados como en el caso de los asalariados”, añadió Ferrero, subrayando que estos últimos sí cuentan con un mayor registro de bajas laborales.
Este desajuste entre las condiciones reales de la actividad y los indicadores exigidos por la norma podría convertirse en el principal obstáculo para el sector, ya que el reconocimiento de los coeficientes reductores depende, en última instancia, de que estos parámetros se acrediten de forma objetiva dentro del procedimiento administrativo.
Desde el sector destacan que el proceso no parte de cero, sino que se apoya en un trabajo previo de recopilación de datos y evidencias. “Estamos dispuestos, y tenemos trabajo por delante para aportar”, señalaron, tras haber recabado información de la Seguridad Social y otros organismos, que ya está siendo analizada por entidades como la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid.
Además, distintos estudios e informes técnicos, como la Guía de Valoración profesional, identifican múltiples factores de riesgo asociados a la actividad del taxi, que refuerzan la argumentación de los taxistas. Entre ellos, destacan:
Según explican desde el propio colectivo, la combinación de estos factores y la propia idiosincrasia de la profesión limitan las posibilidades de mantener condiciones de trabajo ergonómicas y un estilo de vida saludable a largo plazo, lo que refuerza su petición de acceder a una jubilación anticipada específica.
La iniciativa no se limitará al sector del taxi. En ATA avanzaron que ya están trabajando con otros colectivos, como el transporte por carretera, para impulsar solicitudes similares de jubilación anticipada con coeficientes reductores.
No obstante, desde la organización reconocen que estos sectores podrían enfrentarse a las mismas dificultades que los autónomos del taxi. Según explicó Celia Ferrero, aunque actividades como el transporte pueden acreditar altos niveles de siniestralidad, el problema vuelve a estar en los indicadores exigidos por la norma. “Nos vuelve a pasar el tema de la penosidad con respecto a las bajas, puesto que no hay un registro tan elevado como en el caso de los asalariados”, señaló.
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